Los primeros detalles conocidos sobre la nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética, que pretende poner fin a la venta de vehículos diésel, gasolina, GNC, GLP e híbridos en 2040, no entusiasman al sector de la automoción. Tampoco a los distribuidores de recambios, que han expresado sus reservas respecto a esta medida.
La patronal Ancera ha pedido prudencia y neutralidad a la hora de abordar el proceso de transición ecológica. De esta manera, se suma a las peticiones del sector de la automoción y de los sindicatos al Gobierno.
Para conseguirlas, Ancera reclama que se abra un diálogo entre todos los operadores del mercado y las administraciones públicas. De esta manera, se evitaría un impacto negativo en ámbitos como el social, el laboral o el económico.
“Una transición desproporcionada y a destiempo podría provocar consecuencias graves en la economía y en el bienestar social”, recuerdan los recambistas. Además, denuncian que esto privaría a los ciudadanos del principio de neutralidad tecnológica, que establece la libertad de cada individuo a la hora de elegir la tecnología más afín a sus necesidades.
En este sentido, Migual Ángel Cuerno, presidente de Ancera, considera que la manera más efectiva de reducir emisiones contaminantes pasa por “la renovación del parque circulante. Nada tiene que ver la contaminación de un vehículo Euro 6 con la de un Euro 1″.
Además, advierte que, de aprobarse la futura ley tal y como se plantea ahora, “España podría tener dificultades sociales, políticas y económicas. El país no cuenta con las infraestructuras adecuadas para tener un parque 100% eléctrico: no hay suficientes puntos de carga, falta desarrollar la tecnología del eléctrico y disminuir su coste, por lo que se estaría privando, finalmente, al ciudadano de su libertad de circulación”.